Las razones del rechazo

1. No fue una consulta de verdad

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Ninguna región lo omite. No es una queja sobre el calendario: es la afirmación de que lo que se está haciendo no es jurídicamente una consulta. Las cifras las pusieron las comunidades.

• 453 artículos, 208 páginas y 11 transitorios. Colectiva de Mujeres Purépecha.
• 16,728 comunidades en 37 días. San Agustín Zaragoza, pueblo mazateco.
• Cinco horas para los 453 artículos. Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
• Tres horas para revisar 45 artículos en una mesa. Reunión de Tlalixtac de Cabrera, Valles Centrales.
• Un cuadernillo con 87 artículos de 453, que oculta «la letra chica técnica, procesal y sancionatoria contenida en más de 360 artículos omitidos». Observatorio Indígena Mesoamericano.
• 13.8 por ciento de representatividad: a tres eventos asistieron 1,980 personas y solo 819 eran autoridades. Observatorio Indígena Mesoamericano.
• Un solo juego de cuadernillos para tres comunidades. San Agustín Zaragoza.
• Votación a mano alzada y sin información previa. Reunión de Palenque.
• Sin traducción a las 68 lenguas nacionales y sus 364 variantes. Colectiva de Mujeres Purépecha.
• Una sede que excluía a 246 comunidades y a 98,911 hablantes. Consejeras y Consejeros Nacionales Tének y Náhuatl.

«Es una total violación al derecho de consulta», comunidades de la Sierra p’urhépecha. «Discriminatoria, simulada y fallida», Consejo Supremo Indígena de Michoacán. «Un trámite burocrático que impone plazos y metodologías ajenas a sus formas de decisión», Consejo Tiyat Tlali. «Bajo esas condiciones no es posible realizar una consulta», comunidades de la Meseta al clausurar Pátzcuaro y Cheranástico.

2. El gobierno decide quién cuenta como pueblo

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Quién cuenta como pueblo. 109 comunidades fuera del catálogo del INPI en Michoacán. De unos 200 pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, solo 53 están reconocidos. El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac lo resume: la autoadscripción «es un mecanismo para evitar que el Estado nos defina».

Con quién habla. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas aparece rechazado como interlocutor en Cherán K’eri, la Cañada de los Once Pueblos, las comunidades de la Sierra p’urhépecha y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Las comunidades del sur de Veracruz y las de la Costa-Sierra sostienen que sus actas de asamblea son su autoconsulta.

«Pedimos algo elemental, que se nos escuche directamente, que se reconozca nuestra representación». Gran Consejo Maya de Quintana Roo.

3. El territorio queda abierto al despojo

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Los artículos que los pueblos señalan: el 33, que excluye las áreas estratégicas; el 326, que condiciona el consentimiento al daño permanente e irreversible; los 330, 332 y 333, sobre hidrocarburos, agua y la continuación de la medida; el 109, que deja la titulación de tierras como facultad potestativa.

Los proyectos nombrados: Tren México-Querétaro, fracking y Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, Movimiento Indígena de Hidalgo. Carretera Uruapan-Zamora, Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas. El Encuentro Interregional de Pueblos Chontales y del Istmo rechaza que sus territorios se conviertan en zonas de sacrificio.

4. Reconoce el derecho en el papel y deja el poder en el gobierno

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«Esta Ley es parte del viejo indigenismo que asimila e integra», Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal. «Inaugura una nueva forma de reglamentar y controlar a las comunidades originarias», Colectiva de Mujeres Purépecha. «¿Autonomía real o administración de la diferencia?», Colectivo Jól Dhut’ · Timél Ja’.

Frente a eso, las demandas: Estado plurinacional, CRAADET. Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, Unión Autónoma. Autogobierno como cuarto nivel de gobierno y presupuesto directo, Frente por la Autonomía.

5. Nos escuchan, pero no están obligados a hacer caso

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Los resultados no son vinculantes, Consejo Supremo Indígena de Michoacán y Movimiento Indígena de Hidalgo. Que la consulta sea vinculante, Consejo Maya Peninsular por la Autonomía y Unión Autónoma. Una etapa de seguimiento que verifique que las propuestas se incorporen al texto, Cholultecas Unidos en Resistencia. Ningún proyecto ni consulta sin consentimiento previo, libre e informado, comunidades zoques de los Chimalapas.

El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6.2, exige que la consulta se efectúe «con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento».

1. Una frase de doce palabras decide cuándo hay que consultar

Artículo 326

El artículo 326 define impacto significativo como lo que interfiere, modifica o limita «directa y de manera permanente e irreversible» el ejercicio de derechos.

De esa definición dependen tres decisiones distintas: si hay que consultar, porque el artículo 332 permite declarar improcedente la consulta cuando no se identifiquen impactos significativos; qué pasa si el pueblo dice que no, artículo 333; y cuánto tiempo hay para promover el amparo, artículo 450.

Una frase decide tres puertas.

2. Si la comunidad dice que no, basta con modificar el proyecto

Artículo 333

II. No alcanzar el consentimiento […] respecto de una medida que produzca un impacto significativo. En este caso, la Autoridad Responsable no podrá adoptarla, salvo que se realicen modificaciones a la medida para que no genere dicho impacto.
III. Cuando la medida tenga un impacto que no sea considerado significativo, la Autoridad Responsable podrá continuar con la medida fundada y motivada en la promoción del interés público.

Quien califica si el impacto sigue siendo significativo después de las modificaciones es la misma autoridad que promueve el proyecto.

3. Minería, petróleo y energía quedan fuera

Artículo 33

Los Pueblos Indígenas pueden disponer de sus recursos naturales, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Federal.

Las áreas estratégicas son minerales, hidrocarburos y energía. La excepción cubre exactamente donde se concentra el conflicto territorial.

4. El plazo para ampararse baja de siete años a treinta días

Artículo 450

El artículo 450 fija treinta días como regla general, y siete años solo cuando el acto vulnere derechos colectivos «que impliquen un daño irreparable o impacto significativo».

Hoy el artículo 17, fracción III de la Ley de Amparo da siete años a los actos que afecten derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, sin calificar la gravedad del daño. Basta que sea un derecho agrario del núcleo.

Lo que hoy es un plazo objetivo pasa a depender de que el caso califique como impacto significativo, con la definición del artículo 326 y con el Estado calificando primero.

5. Titular las tierras es optativo para el gobierno

Artículos 109 y 159

Artículo 109: el Ejecutivo Federal «podrá» reconocer y titular las tierras de propiedad comunal tradicional mediante Decreto.

Artículo 159: no se requiere consentimiento para usar elementos del patrimonio cultural en seis supuestos, entre ellos los fines «informativos y de difusión, investigación científica, crítica, literaria o artística» y la reproducción de lo que sea visible en lugares públicos.

Lo que la iniciativa sí fija

Artículos 329 y 449

El artículo 329 establece que la medida no debe llevarse a cabo cuando ponga en peligro la existencia, supervivencia e integridad de los pueblos, y enumera cinco supuestos: pérdida irreparable de recursos para la supervivencia física y cultural, destrucción o contaminación grave, destrucción o menoscabo de sus formas de gobierno, impactos sanitarios y nutricionales graves, y otros que pongan en peligro su existencia colectiva.

El artículo 449 permite acreditar el carácter de pueblo o comunidad con el acta de asamblea general comunitaria o cualquier otro medio de prueba, no solo con el registro en el Catálogo Nacional.