Indígenas 3D · Análisis
La simulación de consulta no logró legitimar la Ley General
Debido a la manifestación de tantas comunidades, el Ejecutivo federal no tuvo más remedio que detener la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esta ley no tiene la aceptación de los pueblos.
El 29 de junio la Presidenta presentó la iniciativa como un texto que “ya está lista” y fijó el 12 de octubre para entregarla al Congreso. Esa fecha no se cumplió. El 12 de octubre anunció que la consulta se ampliaría “todo el tiempo que sea necesario”. El 5 de noviembre informó que la entrega queda en pausa:
“no sé si se va a abrir el próximo año o ya después de la elección del ’27, pero se decidió, por lo pronto, ponerlo en pausa”.
La gran mayoría no coincide
Para justificar la pausa, la Presidenta afirmó que “la gran mayoría sí coinciden, pero hay algunos temas en donde había más polémica”. Es falso, y los datos lo prueban:
- 139 comunidades, municipios y regiones de 19 estados se han manifestado contra la ley y contra el proceso, con 47 manifestaciones documentadas en el Mapa de la Inconformidad. En esas comunidades viven alrededor de 167 mil personas adultas de hogares indígenas.
- 20 comunidades rechazaron la consulta por acuerdo de asamblea. Esas actas son decisiones de autoridades comunitarias y valen por sí mismas, con independencia del procedimiento del Estado.
- Hay dos amparos en curso: el de los pueblos afromexicanos, presentado el 20 de agosto, y el del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, presentado el 8 de octubre contra lo que sus autoridades llamaron una “encuesta simulada”.
- Varias comunidades frenaron las reuniones de consulta o lograron cancelarlas: Milpa Alta, Pátzcuaro y Cheraná, y la Costa-Sierra de Guerrero. Otras se negaron a ser sede, como los Chimalapas. El pueblo wixárika presentó ante el INPI su decisión de no participar, y el pueblo tojolabal de Las Margaritas entregó su propia propuesta de ley.
- En Aguascalientes, Tamaulipas y Zacatecas no hubo reuniones de consulta.
- El propio INPI reconoce los límites del proceso: de 82 reuniones regionales anunciadas reportó 77, con 13,129 comunidades de un catálogo de más de 16 mil.
El rechazo va al fondo de la ley
La iniciativa deja en manos del INPI el reconocimiento de los pueblos y en manos del Estado la decisión de cuándo procede la consulta. También permite seguir adelante con una medida sin el consentimiento de la comunidad cuando el Estado califica el impacto como no significativo. Los pueblos lo identificaron en sus asambleas y lo dejaron por escrito.
La iniciativa está detenida y puede volver al Congreso con el mismo texto, el próximo año o después de la elección de 2027.
Por eso llamamos a mantener las movilizaciones para impedir que leyes regresivas reduzcan o limiten los derechos que los pueblos han ganado con tantos años de lucha.
Fuentes: versiones estenográficas de las conferencias de prensa de la Presidencia del 29 de junio, 12 de octubre y 5 de noviembre de 2026; Mapa de la Inconformidad, Indígenas 3D, actualizado al 4 de noviembre de 2026.